Hoy estoy peleón. Después de leer hoy en Público un artículo escrito por mi buen amigo Miguel Ángel Criado, un excelente profesional, no he podido resistirme y he tenido que enviar un extenso comentario en el que denuncio lo tendencioso e irrelevante de dicha “noticia”.

Si es que soy un bocas.

El problema es que me gustan tanto los Quijotes de verdad que no puedo soportar que se enaltezca en balde a cuatro alcaldes palurdos y desinformados que se montaron su red irregularmente y ahora no pierden ocasión de lloriquean por una ínfima sanción de 2.000 euretes por consistorio, céntimo más o menos.

Para entender la movida y por qué la denuncio, debéis consultar primero el artículo original, y después leer mi comentario, que reproduzco íntegro a continuación:

La CMT no impide a los pueblos prestar el servicio, se limita a pedir que se cumpla la normativa y se den de alta en el registro correspondiente. Dicho esto, una multa de 2.000 euros no me parece una barbaridad para una corporación municipal, por pequeña que sea, por no conocer los deberes a los que tiene que atenerse.

De hecho, me pregunto cuál sería la multa para cualquier ciudadano si se pasa cuatro años aparcando en zona verde sin el ticket de la ORA porque “no sabía que había que ponerlo”.

Al final, el problema es que la CMT no penaliza las buenas o malas intenciones de dichos pueblos, ni les impide seguir desarrollando la actividad. Sólo critica cómo se han hecho las cosas. Por poner un ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Bordils se dice lo siguiente:

“Es más, y aún cuando anteriormente se ha mencionado que este Ayuntamiento no actuó de forma correcta, la motivación para la creación de la red parece obedecer a la falta de interés por parte de otros operadores en el sector de invertir en determinadas zonas del municipio. De tal manera, se puede concluir que el Ayuntamiento de Bordils en la comisión de la infracción no buscaba un beneficio o rendimiento, sino más bien proveer un servicio a sus ciudadanos. En este sentido se estima la concurrencia de la presente eximente, esto es la ausencia de beneficio para el infractor”.

Un último apunte. Bordils gastó casi 15.000 euros en poner en marcha la red. ¿Tan grave es pagar 2.000 euros por hacerlo sin permiso? En todo caso, y con todo el cariño que me merece MAC, un profesional como la copa de un pino, creo que se trata de una información tendenciosa e irrelevante.

¿”Condenados sin Internet”? Más bien “Condenados a pagar 2.000 euros, apuntarse en un registro y pagar unas humildes tasas, parecidas a las que prestan otras corporaciones para poder seguir prestando Internet”.

Y mientras, la Federación Española de Municipios y Provincias sigue presionando a los operadores de móvil para sacarles tasas inventadas sobre la marcha y seguir construyendo polideportivos, llevando a Bisbal a las fiestas del pueblo o alimentando a los siete hijos, la amante y el prostíbulo del concejal de urbanismo, una figura entrañable del paisanaje nacional y que no podamos dejar que desaparecezca sólo por el final de la burbuja inmobiliaria.